• La constitución política de 1886, prohibió a través de su artículo 62, el ejercicio de la actividad política a los servidores públicos, en este se contemplaba lo siguiente “Los empleados y funcionarios públicos de la carrera administrativa les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”.

    Posteriormente, el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 en su artículo 6 y 7, incluyó una restricción mayor en el texto constitucional, ya que contempló adicionalmente a la prohibición, la sanción de la siguiente manera “El quebrantamiento de esta prohibición constituye causal de mala conducta.

    La constitución de 1991, referente a la participación en política de los servidores públicos, estableció lo siguiente:

    “Artículo 127. (…)

    A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o sedesempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”. (Subrayas y negrillas mías).

     

    Posteriormente con la expedición del Acto Legislativo 02 de 2004,se reformó este artículo quedando de la siguiente manera:

     

    “A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219de la Constitución.

    Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria”.(Subrayas y negrillas mías).

     

    Cuando el Presidente y el Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, solo podrán participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. En todo caso dicha participación solo podrá darse desde los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la elección presidencial, y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en caso de que la hubiere.”

    Con esto podemos deducir que al eliminarse la expresión “que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa”, se permite la participación en política a los servidores  públicos, con la condición de que solo la podrán ejercer hasta tanto el congreso de la república no expida una ley estatutaria que regule el tema. Pero por otro lado, se permite la participación sin excepción al presidente de la república, quién podrá desarrollar actividades proselitistas para su reelección, lo cual se confirma a través del artículo 2 del mismo acto legislativo 02 de 2011, que modificó el artículo 197 de la constitución así:

     

    ARTÍCULO 2o. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así:

    "Artículo 197. Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos".

    Observamos la primigenia prohibición que traía la Constitución de 1991, para que el presidente de la República pudiera ser reelecto, se cambió drásticamente, al permitir su reelección por una vez, es decir que no podría ser elegido para mas de dos periodos.  Este cambio formulado al art. 197 constitucional obligó a rediseñar el art. 127 de la Constitución, suprimiendo este la prohibición de participación en política para empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas, que tuvieran anexa “jurisdicción, autoridad civil y política, cargos de dirección administrativa”.

     

    El cambio ante dicho era obligatorio si se quería permitir la reelección del presidente, pues es apenas claro que el presidente en sus múltiples funciones, ejerce jurisdicción y es la primera autoridad civil, política, militar y administrativa del país.

     

    Pero gracias a la modificación que se hizo de la norma (art. 127), es claro también que todos los empleados, así tengan jurisdicción, autoridad civil, política o ejerzan actividades funcionales de dirección administrativa, deben participar  en actividades de la política, lo que resulta así de la lectura literal de hermenéutica jurídica, pues de lo contrario resultaría el presidente que alberga en su ejercicio funcional todas las condiciones prohibitivas para hacer política, ahora sí lo pueda hacer, producto de la reforma, pero que los demás empleados, es decir los que no tienen ninguna de las prohibiciones de la norma anterior no lo puedan hacer.

     

    Dicho de otra manera, la reforma legislativa permite a todos servidores públicos de la administración participar en política dentro de las condiciones que señale la ley.

    Ahora bien,  dándole cumplimiento al mandato exigido en el Acto legislativo 02 de 2011, se radica el proyecto de ley Estatutaria 25 de 2012 Senado, “Por medio de la cual se reglamenta la participación en política de los servidores públicos, de conformidad al inciso 3° del artículo 127 de la constitución política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, con esta iniciativa se busca reglamentar la participación en política de los servidores públicos, allí se establecen una serie de especificaciones sobre lo que pueden realizar en este tipo de actividades, tales como: participar en la preparación de propuestas, asistir a debates técnicos, participar en simposios o inscribirse como miembros de los partidos políticos, siempre y cuando no se encuentren en horas laborales, permitiendo incluso, la concesión de una licencia no remunerada hasta por cuatro meses, para poderse dedicar de tiempo completo a la respectiva campaña. Lo cual se constituye en un avance en materia política, pero violenta tajantemente el principio de igualdad, al restringírsele  la posibilidad a estos servidores, de postular sus nombres como candidatos para ser elegidos, imponiéndoseles así una capitisdiminutio, al convertirlos prácticamente en “cargaladrillos”  de aquellos que si lo pueden hacer. Además se contraria el artículo 40 superior, que enuncia la posibilidad de todo ciudadano de ejercer el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político,  efectivizándolo  a través de la posibilidad de “elegir y ser elegido”.

     

    En consecuencia de lo anterior, nuestra postura ha sido la que todo servidor público pueda postular su nombre para cargos de elección popular, en correspondencia con lo mandado en el art. 40 constitucional, según el cual entre los derechos políticos debe incluirse el de elegir y ser elegido, pues sino se hace así estaríamos limitando inconstitucionalmente un derecho fundamental, cercenando su núcleo y afectando el principio de igualdad, pues si podría hacer política y un simple servidor público no lo podría hacer. Así pues, seguiremos buscando que todos los servidores públicos puedan ser electos, sin que ello l utilización del  cargo, del horario de trabajo y de los instrumentos oficiales para el ejercicio de la política.

     

     

    LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA

    Senador de la República